Hechos
Un ciudadano bielorruso, empresario, fue incluido en la lista de búsqueda internacional a través de INTERPOL a solicitud de las autoridades de Bielorrusia. Fue acusado de sobornar a funcionarios de una empresa estatal en Minsk entre 2013 y 2015. Según la versión de la investigación, habría acordado con el director de la planta estatal la celebración de contratos de arrendamiento de maquinaria que supuestamente no eran beneficiosos para la empresa, y como compensación, transfirió un local comercial-administrativo valorado en 120.000 rublos bielorrusos a través de un intermediario.
El cliente afirmó que la persecución penal tenía una motivación política y comenzó después de su participación en un grupo de iniciativa para promover la candidatura de un opositor en las elecciones presidenciales de Bielorrusia. Desde 2017 residía en España, donde obtuvo un permiso de residencia y posteriormente solicitó asilo. En 2023 fue detenido por la policía española a través de INTERPOL, pero pronto fue puesto en libertad con medidas cautelares.
Posición de la defensa
Los abogados del cliente presentaron documentación que confirmaba que todos los contratos de arrendamiento se firmaron a través de procedimientos oficiales de compras públicas, y que las decisiones fueron tomadas por una comisión técnica de la empresa y no de forma unilateral por el director. Un peritaje del Comité Estatal de Pericias Judiciales de Bielorrusia no encontró ningún perjuicio para la empresa. La propiedad que, según la acusación, fue entregada como soborno, fue construida posteriormente y pertenecía a otra persona con la que el cliente tenía un contrato de compraventa legítimo.
La defensa también hizo hincapié en el carácter político del caso. La persecución penal comenzó poco después de que el cliente participara en una campaña opositora, lo que indicaba que se trataba de una represalia por sus opiniones políticas.
Posición de las autoridades bielorrusas
La Oficina Central Nacional (OCN) de Bielorrusia insistió en la legalidad de la acusación, afirmando que el sistema judicial del país cumple con los estándares internacionales y que los jueces son independientes. Al mismo tiempo, la OCN consideró que la solicitud del cliente ante la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL era una muestra de mala fe, afirmando que un ciudadano respetuoso de la ley no cuestionaría los datos en el sistema de INTERPOL. También alegaron que la decisión del tribunal español de denegar la extradición no podía considerarse objetiva, sino que era una postura individual en un caso concreto.
Decisión judicial y conclusiones de la Comisión
En septiembre de 2023, la Audiencia Nacional de España denegó la extradición, señalando el alto riesgo de violación de los derechos del cliente. El tribunal destacó la falta de garantías para un juicio justo en Bielorrusia, la probable motivación política del caso y el posible riesgo de malos tratos. También se observó que la orden de detención fue emitida por un órgano administrativo y no por una autoridad judicial.
La Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF) tuvo en cuenta las conclusiones del tribunal español y subrayó que el caso tenía una evidente dimensión política. La Comisión prestó especial atención a la postura de las autoridades bielorrusas, que cuestionaron el derecho del solicitante a acudir a la Comisión, lo que, en opinión de la CCF, denotaba una falta de respeto hacia la supervisión internacional independiente.
Resultado
La Comisión concluyó que los datos del cliente no cumplían con los criterios establecidos en el artículo 2 del Estatuto de INTERPOL, ya que violaban sus derechos fundamentales. Como resultado, la información sobre su búsqueda fue eliminada de la base de datos de INTERPOL y su acceso fue bloqueado para todos los países miembros de la organización.
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